La Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos, CONFAES, ha valorado de manera positiva la propuesta llevada a cabo por los partidos Ganemos y PSOE, con el apoyo de Ciudadanos, para la creación de un registro de proveedores y contratistas en el Ayuntamiento de Salamanca. Un sistema que busca acabar con el abuso, ya denunciado por la patronal salmantina en 2014, del procedimiento negociado sin publicidad en las adjudicaciones municipales, quienes siempre han favorecido a las mismas empresas.
Según el estudio firmado por los equipos jurídicos de CONFAES y de la Cámara de Comercio de Salamanca, esta práctica se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos años. Gracias a este procedimiento extraordinario, el consistorio salmantino ha adjudicado obras por un total de 1.899.845 euros, muy lejos de los 395.786 euros utilizados en el año 2012. Adjudicaciones municipales, cifradas en 2.872.893 euros durante el periodo 2012-2014, que han beneficiado a cuatro empresas, coincidentes con las beneficiadas por los contratos irregulares descubiertos en la Diputación de Salamanca.
Por todo ello, CONFAES considera que la puesta en marcha del registro de contratistas supondrá un avance palpable para todas las empresas de Salamanca quienes podrán optar a las adjudicaciones municipales de una forma más transparente y en las mismas condiciones.
Su implantación no sólo conllevará un avance en la libre competencia de las empresas ofertantes, que acabará con la preocupación existente en muchas de ellas, también servirá para mejorar el control del dinero público. Circunstancia que evitará posibles sobrecostes innecesarios derivados de la falta de competencia y priorizará el uso del dinero público en poner soluciones a problemas estructurales en materia de infraestructuras de los diferentes barrios de la ciudad y de los polígonos industriales, que afectan a la competitividad de las empresas alojadas en ellos.
Procedimiento en tela de juicio
El procedimiento negociado sin publicidad ha sido una de las herramientas más utilizadas por los políticos implicados en casos de corrupción, ya que se trata de un sistema opaco que limita la participación a aquellas empresas que son invitadas, reduciendo la imparcialidad y la libre competencia que debe existir en estos procesos públicos. Cabe destacar que algunos políticos del Partido Popular nacional han pedido la supresión de esta modalidad en la reforma de la Ley de Contratos.
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