Medio centenar de empresas salmantinas reclaman 3 millones de euros por los sobreprecios del cártel de camiones

El perjuicio económico que ha causado el cártel de los fabricantes de camiones en las empresas de Salamanca ya cuenta con una estimación: tres millones de euros. Esta es la cifra que reclaman medio centenar de empresas de la provincia de diferentes sectores, integradas en la patronal CONFAES (la mayoría pertenecientes a la Asociación de transportes AESTRADIS), a un grupo de fabricantes de camiones por cobrar sobreprecios ilegales y alterar la libre competencia, según las sanciones impuestas por la Comisión Europea.

Los empresarios han iniciado los trámites legales dentro de una reclamación conjunta con el resto de patronales de toda España de más de 30.000 camiones, impulsada por CETM, de la que la asociación AESTRADIS es su representante en Salamanca, junto al despacho jurídico CCS Abogados.

El precio medio cifrado por la patronal nacional del sector, teniendo en cuenta la documentación remitida por el 60% de los camiones adheridos a esta reclamación, establece un precio medio de compra de 70.000 euros. De esta cifra, la patronal nacional estima que el 15-20% puede suponer la posible indemnización (en función del modelo, año de compra…) por el pacto acordado entre los fabricantes de vehículos pesados DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, MAN, Scania y Renault-Volvo.

Los trámites legales para reclamar este sobreprecio ilegal están todavía abiertos hasta el viernes 6 de abril, según ha explicado Carmelo Gómez,  vicepresidente de CETM, en un encuentro ante los medios de comunicación celebrado en Madrid con el fin de pormenorizar el estado de las reclamaciones. “Necesitábamos dar respuesta a la reclamación por parte de los asociados de la Confederación. Todavía hay tiempo para sumarse a la demanda y animamos a nuestros asociados a que no dejen pasar esta oportunidad”.

Alemania ha sido el primer país en conseguir una sentencia estimatoria acerca del cártel de fabricantes de camiones. Un juzgado de Hannover ha estimado en lo sustancial la demanda de una empresa de transportes en contra del fabricante neerlandés DAF, quien había alegado que durante la vigencia del cártel, sus listas de precios brutos aumentaron con menor intensidad de lo que lo hicieron una vez concluido el mismo.